Se trata de Oscar Velázquez, que se evadió de la Justicia mientras se investigaba si había abusado sexualmente de la nieta de su pareja, quien fue autorizada a interrumpir su embarazo en febrero del año pasado.
La fiscal Andrea Gómez pidió elevar a juicio oral la causa en la que un hombre que está prófugo fue imputado por abusar sexualmente de la nieta de su pareja, quien quedó embarazada producto de esa relación forzada y a la que la Justicia autorizó a interrumpir su embarazo, en febrero del año pasado.
El caso, que sentó jurisprudencia a nivel local, conmocionó a Batán, donde vivían la víctima y el víctimario, un vigilador del Parque Industrial General Savio identificado como Oscar Velázquez. Ahora, la investigación que finalizó semanas atrás fue remitida al Juzgado de Garantías N° 3 y a la defensora oficial Carla Auad, representante del acusado sobre el que está vigente un pedido de captura.
En diciembre pasado, al comprobarse su coincidencia genética con el feto preservado tras el aborto que se le realizara a la víctima, que padece un tipo de retraso madurativo, la Justicia ordenó la detención inmediata de Velázquez.
Los estudios de ADN comparativos entre el perfil genético del imputado y el material logrado del embarazo interrumpido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en febrero de 2019.
Además de los resultados de ADN la fiscal Andrea Gómez y un grupo de especialistas tomó declaración en cámara Gesell a la víctima, una joven de 23 años que padece un retraso mental que la sitúa en un nivel intelectual propio de la niñez.
Aunque por razones legales no trascendieron los detalles de su relato trascendió que en menos de 15 minutos pudo corroborar muchos de los datos que ya habían sido incorporados al expediente.
El hecho y los pasos procesales
El caso generó conmoción en la localidad de Batán cuando la joven transmitió que tenía malestares y por ello fue llevada al HIGA, donde se confirmó un embarazo de 5 semanas. A partir de esa situación, y de la condición de discapacidad de la joven, se activaron los protocolos que permitieron -por medio de la Asesoría de Menores e Incapaces- la práctica de la ILE (Interrupción legal del embarazo).
Tras ello se realizó una denuncia penal y horas después Velázquez le dijo a la abuela de la joven que él era el responsable del embarazo. El análisis telefónico y el testimonio de los familiares de la víctima corroboraron los hechos.
Pese a su confesión. Velázquez, que trabajaba como vigilador en el Parque Industrial, escapó en un automóvil que tenía en copropiedad con la abuela de la joven y recién el 2 de marzo finalmente se entregó en la Comisaría de la Mujer.
Desde ese momento el acusado estuvo detenido por la acusación de la fiscal Gómez y el aval de la jueza Rosa Frende. Pero sólo permaneció preso hasta el mes de junio, cuando la Cámara de Apelaciones consideró la detención “insostenible” por la falta de pruebas.
Tras conocerse el resultado de los estudios genéticos y la cámara Gesell, la fiscal volvió a pedir la detención y la Justicia de Garantías la concedió una vez más. Sin embargo, desde entonces y hasta hoy permanece prófugo.